¿No aprendimos nada?
¿Era realmente
Pedro Castillo, el último presidente electo del Perú, un incompetente para el
cargo? ¿Carecía de suficiente preparación, experiencia y formación política,
para tan alta responsabilidad? ¿Merecía realmente una destitución por permanente
incapacidad moral? Hoy, quizá muchos peruanos se estén haciendo estas preguntas.
Incluso muchos de quienes lo votaron. Lo cierto es que Pedro Castillo no supo o
no pudo conciliar ese permanente enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el
legislativo. Y cometió el más insensato de los errores: trató de disolver el congreso, siendo ello asimilado
como un autogolpe, comparado al suceso de Alberto Fujimori, en 1992.
No previó que el anuncio conllevaría la renuncia de una parte
de la cartera de los ministros, que la fiscal de la Nación y la junta
Nacional de Justicia condenarían el hecho, y que, poco después de su
declaración, el Congreso votaría un golpe contra su golpe, para destituirlo
a él de su cargo. No quiso entender que ya tenía en su haber un 70% de
desaprobación popular. Un fracaso para su holgada mayoría de votantes que lo
eligieron, y también para la izquierda continental que veía en él, la
reivindicación de un país harto de tanta corrupción.
Quizá podríamos afirmar que el caso de Pedro Castillo se
enmarca dentro de los postulados de aquel famoso Principio de Peter, según el
cual el profesor de ciencias de la Universidad del Sur de California, Laurence
Peter, analizando las jerarquías laborales en las organizaciones, afirma que a
las personas que realizan bien su trabajo se las promueve a puestos de mayor
responsabilidad, hasta el punto en que llegan a un puesto en el que no pueden
ni siquiera formular los objetivos de su trabajo, y alcanzan su máximo nivel de
incompetencia. Y el resultado de estos ascensos irracionales -llevado a
planos de la política -están a la vista: conflictos y desestabilizaciones
sociales, golpes de estado, deterioro de las instituciones, etc.
Consideremos que, si bien en 2001, Argentina tuvo 5
presidente en dos semanas, Perú tuvo 5 presidentes en los últimos 2 años. Pero
en el primer año de gobierno de Castillo se realizaron 59 cambios
ministeriales, lo cual significó un cambio de ministro cada semana, y
totalizando 68 cambios en poco más de un año. Aun así, Perú tiene la suerte de que
la macroeconomía lo defiende: tiene un PBI de USD 460.000, 165 puntos de riesgo
país, y una inflación del 5% al año. Y por más que Argentina posee una
mejor situación socioeconómica general, Perú cuenta con reservas por USD 75.000
millones, mientras que, según datos del Banco Central, las reservas netas argentinas
sumaban ¡tan solo 3.300 millones de dólares! ¡Además, la inflación es de
un 100%, el riesgo país de un 2.400%, y la pobreza de casi un 40%!
Tampoco previó su caída Lula da Silva, quien, habiendo sido
el presidente más popular de Brasil, fue, asimismo, el primer expresidente
condenado por corrupción en un escandaloso, y también tramposo, caso, que involucró
a dos empresas constructoras, y que acabó salpicando a políticos y poderosos
empresarios de Brasil, y buena parte de la región. Curiosamente, sin embargo, luego
de ser sentenciado a más de 9 años de prisión, el Tribunal Supremo de Brasil decretó
su liberación tras 19 meses de penalidad, eliminando todos los cargos en su
contra, e incluso habilitándolo para postularse a una nueva elección
presidencial, la cual ganó en 2022.
Anteriormente, también Dilma Rousseff, la sucesora de Lula,
fue sometida a un juicio político y destituida, en 2016, por supuesta manipulación
de los presupuestos gubernamentales. Dando lugar, a su vez, al gobierno de su vicepresidente,
Michel Temer, quien a su vez, enfrentó cargos por corrupción pasiva. ¡Difícil
pretender juzgar a alguien por corrupción, en Brasil! Es parte de su metabolismo.
Y el mismo caso que sentenció a Lula da Silva por corrupción,
se llevó enganchado al expresidente Rafael Corea, en Ecuador, sentenciado a
ocho años de cárcel por recibir favores de la firma brasileña Odebrecht
para financiar su movimiento político, Alianza País, a cambio de adjudicarle
contratos millonarios. Y quien se refugió en Bélgica, el país de su esposa, el
cual le concedió asilo político. Correa negó inmediata y rotundamente su
implicación en el caso y argumentó que se trataba de un ajuste de cuentas de
fondo político, pero en septiembre de 2020, la sentencia en el proceso de
apelación fue hecha pública por el tribunal, y Correa queda así inhabilitado de
por vida pare ejercer cargos públicos.
Algo similar le sucedió a la expresidenta y actual
vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien acaba de ser condenada por un tribunal penal en
Argentina a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta (habiendo
otorgado obras viales millonarias a un socio y
presunto testaferro, quien también fue condenado), durante los 12
años que gobernaron ella y su difunto marido. ¡Y por haberse beneficiado, en al
menos 1.000 millones de USD! La sentencia, también la inhabilita a
ocupar cargos públicos de por vida.
Pero como la justicia argentina tiene sus particularidades,
el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la
cárcel, pues primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte
Suprema, lo que podría tardar años y más años. Y como la vicepresidenta goza,
además, de fueros parlamentarios, estos impiden que sea arrestada antes del 10
de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato; ¡pudiendo presentarse incluso,
a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo cual
podría extender su inmunidad!
Tampoco previó su caída el expresidente Evo Morales, en
Bolivia, quien durante tres elecciones consecutivas obtuvo una votación
arrasadora de más del 50% de los votos, y pretendió cambiar la
constitución para reelegirse por cuarte vez, perdiendo el apoyo popular en un referéndum
que dictaminó el triunfo del NO. Siendo luego acusado por la justicia, y considerado
por la izquierda continental, una víctima de los demonios de las élites
políticas y económicas.
Podría citar otros casos de pueblos burlados, por corrupción
o por incompetencia, o por las dos razones, como Venezuela, cuya revolución
llegó para imponer justicia, y cometió la injusticia de expulsar a más de 7
millones de compatriotas por hambre y necesidades, ¡con inflaciones de un
millón por ciento! Y perdiendo 80% de su Producto Interno
Bruto (PIB) entre 2014 y 2020. O el inexplicable caso cubano, cuyo
presidente, Díaz-Canel, acaba de sincerarse ante el plenario de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, reconociendo que en Cuba no hay alimentos, ni ganado,
ni pescado, y también que muchas de las cosas que hace su gobierno dan risa.
Por eso reitero que es muy difícil establecer pronósticos sobre el futuro de
nuestra América. Porque si nuestros hermanos Latinoamericanos quieren evitarse
una futura existencia intolerable, deben, en primer lugar, analizar hasta qué
punto de incompetencia están dispuestos a
llevar, a sus compatriotas menos competentes. ¿O es que no aprendimos nada?