Uruguay y la rebelión de las cárceles.

Los nuevos escenarios. Ante los últimos y sonados casos de un nuevo motín en el COMCAR, tras la alevosa muerte de un policía, mas los desmanes que llevaron a la destrucción de dos módulos de la penitenciaría y luego un amotinamiento de las presas para exigir un nuevo régimen de visitas incendiando dos módulos del tercer piso y debiendo ser reprimidas por la Guardia Republicana, ha quedado al descubierto una vez más la necesidad de una urgente revisión de todo el sistema carcelario en Uruguay. Es evidente además, que más allá de postergadas soluciones largamente reclamadas, hoy existen otros aditamentos que agravan y pesan en la conflictividad carcelaria. El ingreso de la pasta base en las cárceles, la falta de respeto por los códigos, el hacinamiento y la degradación de las infraestructuras más una corrupción y relajamiento institucional en aumento, son considerados claves por las autoridades en el incremento de situaciones de violencia en los últimos diez años.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaro Garcé, dijo a Ultimas Noticias que el aumento de las situaciones violentas comenzó "a partir de 2002 y 2003, cuando se implemento la violencia como forma de relacionamiento y creció la cantidad de incidentes anuales". En cuanto a la forma de amotinarse, Garcé consideró que cambió la modalidad porque antes "prevalecía el motín con armas blancas y toma de rehenes ahora es con arma de fuego y sin rehenes". En tanto la asesora en asuntos penitenciarios del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, dijo a Ultimas Noticias que "el ingreso a las cárceles de población joven con problemas de adicción cambió totalmente el escenario". Fulco señaló que "las personas con adicciones no respetan los códigos carcelarios tradicionales por su vicio".

                                                                                                                                 

Recomendaciones y conclusiones.

Releyendo en estos días un informe preparado por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) para el PNUD, en 2006, y titulado “Estudio sobre armonización legislativa conforme a los Tratados de Derechos Humanos Ratificados por Uruguay u otras normas legales con fuerza vinculante”, me detuve nuevamente en las conclusiones y  recomendaciones referidas al sistema de las cárceles. Allí dice: “Una de las graves falencias de nuestro sistema carcelario es que se ubica, institucionalmente, en el ámbito del Ministerio del Interior. De este modo, la policía termina cumpliendo un rol ajeno a sus funciones de prevención y represión del delito, debiendo cumplir un rol de inserción social para el que no está capacitada”.

Hace pocos días el reconocido abogado penalista Juan Fagúndez, entrevistado por un medio de comunicación también coincidía  con este planteo, expresando que: “Primero, hay que sacar ya a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Se tendría que crear un organismo para que se ocupe, por ejemplo, un gran instituto técnico forense que tenga las cárceles a su cargo, con un instituto penitenciario o instituto nacional de cárceles que aplique el mismo método para todas las cárceles del país”. Y más adelante, afirmaba: “La Policía no puede trabajar en el interior de las cárceles, debería tener una dirección para vigilar el área perimetral y nada más”. . ( ) Seguir con la Policía en las cárceles mantendría el sistema de corrupción. Pero además, así se alimenta una suerte de desquicio del sistema, porque a la Policía se le pide prevención, luego, si aquello no dio resultado, debe reprimir, y después se le ordena que cuide al tipo que debió perseguir y capturar. Es una locura...”

Otros observadores hacen notar, a su vez, que según las pautas establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la propia ONU y por el Pacto de San José de Costa Rica, el sistema de cárceles no puede estar en manos de la Policía, o sea, en este caso, en las del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque más allá de toda percepción, interpretación o como se lo quiera mirar, el recluso considerará siempre al policía como su enemigo, ya que es éste quien lo persigue y reprime, y lo mismo sucede desde el lado del policía, quien verá a aquel siempre como un vándalo fuera de la ley a quien hay que reprimir y castigar. El policía, en su carácter de representante de la ley, jamás podrá ver al detenido como un sujeto pasible de reformar y reinsertar en la sociedad. No está preparado para ello. En última instancia, la motivación subyacente en el policía está en el hecho de cumplir con su función y su responsabilidad: reprimir a quien infringe la ley. Para eso lo preparan.

Una herencia maldita.

Dicen que fue a raíz de dos fugas masivas protagonizadas por los Tupamaros desde la antigua cárcel de Punta Carretas, hace más de cuarenta años atrás, las que llevaron a que el sistema fuera traspasado a la órbita del Ministerio del Interior desde el Ministerio de Educación y Cultura. Y ahí se quedó hasta el día de hoy.

Este paradigma, que quizá tuvo su justificación estratégica  en los años 70, cuando se creó un comando integrado por policías y militares de las FFAA, para reprimir la insurgencia, no tiene las mismas exigencias ni pertinencias cuarenta años después, con una población civil estabilizada y sin luchas internas armadas. Hoy los desestabilizadores son otros, y su represión si, es competencia de la policía. En todo caso, el que la Policía haya quedado en la órbita del Ministerio del Interior, recibiendo el paradigma de la represión abusiva instaurado en su momento, constituye una pesada herencia para la Institución Policial. Quizá las cárceles hayan logrado una mayor seguridad en cuanto a fugas; pero ello sin duda a costa de la imagen y credibilidad de los cuerpos policiales, pues ello  fue preparando paulatinamente la cuna de un enfrentamiento cada vez más acentuado entre los sectores marginados de la población, que es de donde proviene la mayoría de los reclusos, y a su vez, también los integrantes de las fuerzas policiales.

La difícil tarea de la Policía.

Todo el show montado por la prensa en torno a estos lamentables acontecimientos no hacen más que conceder el protagonismo deseado por los reclusos, acentuando la consiguiente confusión, temor, y sensación de inseguridad, por parte de la población. Además de minar la motivación y autoestima de los cuerpos policiales. Sé que no es fácil; pero considero de suma importancia retirar a la Policía del cuidado de las cárceles, lo cual la aleja de la percepción y sentido de pertenencia que debe tener con el resto de la sociedad. Su función ya de por si es bien difícil, dado que debe intervenir en casos tan extremos como la estupidez de un grupo de inadaptados a la salida de un partido de fútbol, como en la intervención de una boca de pasta base en una zona de alta peligrosidad, ante una disputa entre vecinos por un exceso de intolerancia, o repeler las balas ante un atraco en medio de la ciudad. Por mencionar algunos..

El policía vive entre la violencia de unos y la intolerancia de otros. Es el “sándwich” perfecto para catalizar las mediocridades y las pasiones ocultas de una sociedad que no sabe controlar sus excesos. Ante una sociedad que reclama airadamente por sus “derechos humanos”, sin que nadie le recuerde sus “obligaciones humanas”. Y ante una justicia que no logra alinear sus conceptos para interpretar y aplicar la ley. Debemos rescatar a los Policías para proteger a los ciudadanos y no para cuidar a los delincuentes. Son ellos los únicos quienes, en su cercanía con la población, pueden ofrecernos ese invalorable estado de seguridad para nuestras vidas, las de nuestras familias, y nuestros bienes. Y en este sentido vuelvo a destacar la  “Campaña por la no estigmatización de los barrios” emprendida por el Ministerio del Interior luego de los operativos de saturación en los barrios más conflictivos de la ciudad. Y destaco especialmente los conceptos expresados por el asesor en comunicación e integrante de la Unicom, Marcelo Barzelli, porque traspasan los límites de una campaña puntual, para permanecer en la conceptualización de la función policial.

El “Yo los defiendo” es un compromiso público que asume el policía –explica Barzelli - Muchos policías ven con agrado la campaña porque tiene un elemento inusual, que es poner la imagen del policía en primer plano, se sienten reivindicados. Ese es uno de los puntos de ruptura de esta campaña con lo que se podría haber pensado que era correcto para una campaña del MI. Ponemos al policía en primer plano, el policía asume un compromiso público. En estos días las jerarquías policiales les están trasmitiendo a todos sus subordinados eso: esta campaña, además de una reivindicación de la figura del policía como trabajador del Estado con una función, es un compromiso público que estamos asumiendo”.

Si; esa es la tarea de nuestros policías. Y yo los defiendo.

Argenta,                                                                                            Mayo, 2012