Thursday, August 20, 2009

Niños de hoy, delincuentes del mañana.

Represión o prevención; he ahí el dilema..

Distintos enfoques para un mismo tema.


El Gobierno de Brasil anunció, a mitad del año 2007, un Plan de más de US 3.000 millones para luchar contra la violencia en ciudades y vecindarios que figuran entre los más peligrosos del mundo. "La mayoría de los problemas en Brasil pueden ser solucionados con mayores oportunidades para los jóvenes”, señaló el Presidente Lula. Por ello, a través del nuevo “Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía”, Brasil prevé programas de entrenamiento laboral y ayuda financiera para jóvenes vulnerables en barrios marginales, así como hacer frente al problema de los policías mal pagados y corruptos, ofreciendo cursos de entrenamiento y ayudas de vivienda para quienes trabajen en las zonas de mayor peligro, y reformar el sistema carcelario, aquejado por el hacinamiento y la presencia de pandillas, con instalaciones educativas especiales. En Centroamérica, a su vez, a pesar del apoyo norteamericano a través del FBI y el Departamento de Estado a países como Guatemala, Honduras y El Salvador, la represión no ha mostrado resultados para resolver el problema de las pandillas mara. Tanto es así que el nuevo plan, apoyado por Estados Unidos, es la prevención. Ahora, la finalidad del plan regional va más allá de coordinar a los cuerpos policiales de cada país. Es dar una respuesta a la pregunta “qué se debe hacer para evitar que un niño que nació hoy, siga los pasos de los pandilleros de su comunidad”. Y eso supone un cambio radical a los esfuerzos anteriores. Es la prevención pues, la que cuenta.

Un ejemplo más que interesante, en este aspecto, nos lo da la ciudad de Medellín, en Colombia - la cual siendo hasta ayer considerada entre las dos mas peligrosas del mundo con 350 homicidios por cada 100.000 habitantes, –a tan solo tres años del inicio de su Programa “Medellín, la más educada”, Una forma de Planificación, de Gerencia, y de Inclusión, logró bajar estas escalofriantes cifras a tan sólo 36 por cada 100.000 habitantes! Quienes hemos tenido la oportunidad de ver el excelente trabajo integral realizado por las autoridades de Medellín, en cuanto a la intervención de espacios para crear en ellos bibliotecas, instalaciones deportivas y centros de entretenimiento y formación; la planificación y transformación de barrios, dotándolos de espacios de recreación, acondicionando viviendas y mejorando los elementales servicios de transporte, saneamiento, iluminación y agua potable, no podemos menos que admirar los logros de un modelo fundamentado en rescatar la calidad de vida de los habitantes. Una forma diametralmente distinta de enfrentar la delincuencia, erradicando la violencia, y priorizando la dignidad del ser humano a través del concepto de “una ciudad amiga”.

El proyecto urbanístico "Medellín la más educada" ha sido premiado con el City to City Barcelona FAD Award, otorgado por la asociación para el Fomento de las Artes y del Diseño (FAD). Foto de archivo en la que se ve una cabina del Metrocable de Medellín, un sistema de teleférico masivo que salva enormes desniveles, y que se ha convertido en una solución viable para conectar los barrios marginales ubicados en laderas de montaña con los centros urbanos de las ciudades latinoamericanas.

















Otra vez, la teoría de “las ventanas rotas”.

En un extremo opuesto, se han revelado en estos días a través de un artículo del Washington Post, datos oficiales que indican que la tasa de delitos violentos en EE.UU. ha decrecido significativamente este año en las principales ciudades del país. Y no se trata esta vez sólo de Nueva York, y el controvertido pero exitoso modelo de "mano dura" aplicado por el ex alcalde Giuliani, secundado por William Bratton. El fenómeno se ha producido en varias ciudades con profusos historiales de violencia y delincuencia. Muchos se cuestionan entonces –revolviendo la controversia que vincula al delito con la pobreza -cómo es posible que un país logre tasas de abatimiento del delito y la delincuencia tan ostensibles, en momentos en que atraviesa la peor crisis económica en un siglo. Entre otros factores, las autoridades señalan como clave un cambio de enfoque en la actividad policial. Por un lado, una apuesta fuerte a la presencia de policías en las calles, en una relación más cercana con los barrios y comunidades a las que deben proteger. Pero asimismo, la revisión de delitos considerados "de ingreso" al camino criminal, como el robo de autos, cuyos autores, generalmente por ser primarios solían quedar impunes ante la prioridad policial en perseguir crímenes más violentos. Los jerarcas policiales aclaran que al apuntar sobre este tipo de delito, se desestimula el ingreso de muchos jóvenes en la progresiva senda del crimen. Recordemos que este concepto fue aportado a los planes de Bratton por quienes crearon la “teoría de las ventanas rotas”: o sea erradicar los llamados “delitos menores” o los de “ingreso” al camino criminal, (borrachos, rapiñeros, robacarros, etc.) como forma de desestimular el ingreso de los jóvenes a estados mayores de delincuencia, y trasladando hacia los ciudadanos mayor sensación de seguridad. Sin duda, ello constituye una visión muy acertada de prevención a través de la disuasión. Otro factor, es un aumento sensible en la tasa de éxito en las investigaciones de homicidios, que en Washington llega al 70%, y no menos importante el impulso y la ejecutividad de los procesos penales. Analizando estos distintos enfoques, y atendiendo a las características diversas de cada país, podemos apreciar los principales aspectos en los cuales cada quien más ha centrado su atención, destacándose la creciente tendencia hacia la prevención, más que a la represión.

Comisaria Seccional 12 de Santa Lucía calificada por el LATU
Uruguay: lo bueno, lo malo, y lo que hace falta.

En Uruguay, son tantas las críticas como las propuestas, en materia de enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad personal. Y dentro de este gran macro-tema social, toma preponderante importancia la incidencia de los niños y adolescentes infractores. No son tantas las críticas ciudadanas hacia el sistema policial, más allá de algún señalamiento intencionado contra alguna autoridad nacional. Y más bien se observan iniciativas muy loables a nivel institucional, como la certificación de “calidad” otorgada por el LATU, reconociendo la eficiente gestión de las dependencias policiales, en la inter-relación con la comunidad. También es destacable el éxito en la investigación y esclarecimiento de casos de homicidios y delitos mayores. No es tampoco el procesamiento de “mayores” el que muestra debilidades y falencias, confundiendo a la sociedad. Ni faltan excelentes programas que facilitan, reconocen, y estimulan la “Rehabilitación de adictos y reclusos en Uruguay”. En todo caso, parte del conflicto se ubica en el tratamiento penal y el sistema reclusorio hacia los menores de edad.

Algunos de los problemas que se discuten son comunes con otros países, otros, son propios: hacinamiento y deterioro carcelario; necesidad de reforma del código penal con disminución de la edad de imputabilidad y agravamiento de las penas para los menores; falta de personal capacitado para atender la reclusión y reeducación de menores infractores; existencia de hogares carenciados económica y socialmente, con deterioro y pérdida de valores familiares; fracaso institucional en la reclusión y custodia de menores infractores, entre otros. A mi entender, este último punto constituye el espejo mayor del fracaso gubernamental en el tema, y la fuente de una generalizada percepción de impotencia y temor. Las reiteradas fugas y reincidencias de menores infractores del INAU, multiplican tanto la cantidad de delitos, como la sensación de aumento de la delincuencia. Esto conlleva a que –según algunas autoridades -exista más delincuencia, aunque no necesariamente más delincuentes. Y ello también forma parte de la teoría de las ventanas rotas.

Propuestas y reflexiones.

Algunas propuestas –más efectistas que efectivas - apuntan hacia la creación de nuevos cuerpos represivos, como una Guardia Nacional, lo cual tampoco ha dado resultado en otros países. También se plantea la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación Adolescente en forma totalmente separada del INAU, y dependiente de un futuro Ministerio de la Familia (hoy Ministerio de Desarrollo Social), dotándolo de medidas más eficientes de detención para evitar las fugas, además de medidas concretas de rehabilitación para intentar recuperar a los adolescentes infractores. Otro planteo pasa por involucrar la responsabilidad de los padres, quienes, al ser llamados por el juez, tendrían que enfrentar la acusación por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Pero la mayor parte del debate lo han secuestrado las ponencias a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad y el agravamiento de las penas para los menores.

Para el abogado penalista Diego Camaño, que integra el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), agravar la pena no sirve para resolver la delincuencia. Camaño apuntó que debe mejorarse la respuesta del Estado para los jóvenes internados, en lo relativo a la gestión y los medios: "Si mejora eso, ya se avanza bastante" indicó. El catedrático Miguel Langón, a su vez, quien apoya la baja en la edad de imputabilidad, coincidió en que debe haber "seriedad" en el manejo de los menores recluidos para que no se fuguen y se mantengan en la situación "que el juez los puso". "Hoy se considera discriminatorio hablar de delincuencia juvenil, eso es jugar con las palabras –afirmó - El tema es ser efectivos: que esos menores no ofendan a la sociedad, pero se recuperen". Por su parte, Guillermo Payseé, uno de los cuatro defensores de oficio de menores infractores, quien defiende a más de 600 adolescentes por año (unos 3.000 en cinco años) puso el dedo en la llaga advirtiendo sobre otro aspecto colateral, pero no menor, que incide en el tema. Afirma no creer que sirva de algo agravar las penas o bajar la edad de imputabilidad, y pregunta si hay una visión estudiada de futuro o se trata de "talenteos políticos antes de una elección, para juntar votos con todos los que están asustados frente a los delitos de los adolescentes".

Sin duda, estos tres especialistas nos dan luces sobre el tema. Camaño y Langón, advierten sobre la necesidad de mejorar la respuesta del Estado para los jóvenes internados, y en la imprescindible “seriedad “en el manejo de los menores para que cumplan los dictámenes judiciales. Langón, a su vez, resume los dos aspectos más resaltantes de la polémica: “que esos menores no ofendan a la sociedad, pero se recuperen". Y finalmente Payseé, cuya enorme experiencia en la defensoría de oficio que atiende el 95% de los menores infractores, no debe ser desestimada, alerta sobre la siempre nociva amenaza de la politización del tema. Por mi parte, sin menospreciar las propuestas de los diferentes sectores de la actividad política, creo en la urgente necesidad de que tanto las autoridades nacionales, como los dirigentes políticos sin distinción, den un mensaje coherente, claro y contundente, a la sociedad uruguaya en general, acerca de la gravedad y trascendencia de este flagelo que amenaza la convivencia nacional, y sobre la necesidad de rescatar la autoridad, asumiendo los valores y la responsabilidad compartida por todos los sectores de la población.

En este aspecto, observo factores más que preocupantes, cuando un ex -Ministro de Economía de un partido opositor al actual gobierno, y disputándose nuevamente las preferencias electorales para la próxima elección, llegara a declarar en un extenso reportaje de mediados de junio de 2009, que “El Estado uruguayo no está capacitado para encarar esos proyectos con razonables expectativas de éxito porque no tiene los valores ni la empatía ni los móviles necesarios para poder lidiar con situaciones humanas de gran sufrimiento y muy complejas de quienes se manejan con códigos totalmente diferentes y muy arraigados. Esa labor debe ser realizada por quienes tienen otras motivaciones y cuentan con experiencia en ese tipo de situaciones”. Me pregunto entonces si la sociedad uruguaya enfrenta aún a los “anti-Cristo” que reniegan de las más sagradas creencias de la humanidad..! Y de los valores de la gobernabilidad! Pero ello será motivo de otro análisis en profundidad.

Argenta, Agosto, 2009

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